La Defensora del Pueblo reclama ayudas especiales para los hipotecados con problemas.
La Defensora del Pueblo en funciones, MarÃa Luisa Cava de Llano, ha reclamado al Gobierno "ayudas excepcionales" para los ciudadanos afectados por las deudas hipotecarias como consecuencia de la crisis, en un informe en el que propone veinte recomendaciones.
La defensora ha hecho esta petición durante su comparecencia en un desayuno informativo, en el que ha anunciado la presentación de un documento en el Congreso de los Diputados, con las conclusiones de la investigación abierta por la negativa de algunas aseguradoras a abonar a sus clientes en paro las prestaciones que en su momento les obligaron a suscribir para acceder a una hipoteca, entre otras cuestiones.
"La banca en momentos excepcionales ha recibido ayudas excepcionales, también los ciudadanos en momentos excepcionales necesitan ayudas excepcionales", ha dicho la defensora en funciones.
Por ello, Cava de Llano ha planteado una veintena de recomendaciones, de carácter preventivo y paliativo.
Dentro de las primeras, establecer restricciones a la obligación de firmar un seguro cuando se adquiere el préstamos hipotecario con un grupo de la misma entidad bancaria, dejando abierta la posibilidad de hacerlo con otra compañía.
"Hemos recibido quejas de personas que han caído en desempleo y cuando han ido a hacer uso del derecho de su seguro, les han dicho que no es posible pagarles" porque una de las exigencias era tener un trabajo indefinido y no lo tiene, ha explicado la defensora, que ha recordado que también ha habido casos de militares en circunstancias "que no les cubre por ser profesiones de elevado riesgo".
Además, plantea intensificar la independencia de las sociedades de tasación, mejorar el sistema de subastas para que sea más accesible, hacer efectivo asesoramiento técnico por parte de las entidades financieras y los notarios o desarrollar la obligación del crédito responsable.
MORATORIA HIPOTECARIA
Este sus propuestas, la Defensora del Pueblo destaca la petición de un acuerdo político junto con la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para aprobar una moratoria en el pago de las hipotecas y la flexibilización de las cuotas, así como la posibilidad de establecer un sistema de pago con carencia de amortización del capital que haga la cuota asumible.
Asimismo, el informe señala otro grupo de soluciones que pasan por la supresión de tasas, la moderación de cláusulas penales, o la paralización del devengo de intereses durante el proceso, que coadyuven a superar las dificultades para atender los créditos pendientes de pago.
Del mismo modo, se podría permitir el pago del capital antes que los intereses, lo que conllevaría la reducción de la deuda que genera obligaciones accesorias.
DACIÓN EN PAGO EN LOS CASOS EXTREMOS
La Defensora del Pueblo considera que tanto la vivienda habitual como un local de negocio deberían recibir una protección extraordinaria en una ejecución hipotecaria, llegando incluso los casos más extremos a la dación en pago, o buscando soluciones que permitan la continuidad a través de otras figuras jurídicas como el arrendamiento forzoso.
Por otro lado, Cava de Llano reclama la creación de un procedimiento específico para las personas físicas, ya sea procesal o extraprocesal, que permita al ciudadano negociar sus deudas y evitar que se le condene a la pobreza. "La actual legislación concursal no es adecuada", concluye el informe.
"La situación actual requiere extender los beneficios que ya recibe la banca, al otro lado de la relación, esto es, al cliente sobreendeudado", concluye el informe, que advierte de que España se encuentra en una "situación excepcional".
CONCUMIDORES DESPROTEGIDOS
La Defensora del Pueblo ha puesto de manifiesto que el Banco de España centra sus actuaciones en la supervisión de los mercados financieros y deja en "un segundo plano" la protección al consumidor, según las conclusiones del informe 'Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo'.
Cava de Llano concluye que el funcionamiento del Servicio de Reclamaciones del organismo supervisor "pone en evidencia" que "rara vez" se pronuncia sobre las reclamaciones que plantean los ciudadanos, ya que "con carácter general" consideran "ajenas" a sus competencias las cuestiones que no estén relacionadas con la solvencia de las entidades de crédito.
En este sentido, la Defensora del Pueblo reclama una "mayor implicación" por parte del Banco de España en la protección de los consumidores y como arbitro de las relaciones banca-cliente, así como reforzar la independencia del Servicio de Reclamaciones para que ejerza una "verdadera" labor mediadora, a fin de evitar, incluso, procesos judiciales.
Por otro lado, Cava de Llano alerta del riesgo de "pobreza" y "exclusión social" en el que se encuentran algunos ciudadanos españoles y presenta 20 recomendaciones a los poderes públicos para buscar soluciones.
Transcribimos la nota de prensa emitida por el gabinete de prensa del Defensor del Pueblo;
Informe monográfico “Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo”
La Defensora del Pueblo (e.f.) pide que se refuerce la protección a los hipotecados
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Cava de Llano reclama medidas excepcionales para los ciudadanos que no pueden afrontar el pago de sus hipotecas, del mismo modo que se han otorgado ayudas públicas excepcionales al sector financiero
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El informe contiene 20 recomendaciones y apuesta por un acuerdo político asumido por el sector bancario que incluya en ciertos casos una moratoria en el pago de las hipotecas y una flexibilización de las cuotas, así como la mejora de la información y la transparencia
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Sugiere un tratamiento diferente para las adquisiciones de carácter necesario, como la vivienda habitual o los locales de negocio donde se ejerce la actividad
que constituye el medio de vida. La dación en pago podría aplicarse a estos supuestos, siempre que se den determinados elementos
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Pide un procedimiento específico para la insolvencia personal y familiar
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Exige al Banco de España que cambie de orientación y se implique en la protección de consumidores y usuarios
Madrid. 25/01/2012. La oficina del Defensor del Pueblo que dirige Mª Luisa Cava de Llano, ha hecho público un informe monográfico que busca dar una respuesta a la
situación de miles de ciudadanos que como consecuencia de la crisis económica, el desplome de los precios inmobiliarios y el desempleo, no pueden afrontar el pago de
sus hipotecas.
El estudio “Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo” aborda los conflictos que reflejan las quejas presentadas
ante la Institución, expone las actuaciones realizadas en estas materias y presenta 20 recomendaciones para que los poderes públicos las tomen en consideración a la horade buscar soluciones a un problema cuya última consecuencia es la pobreza y la exclusión social.
Según datos del Banco de España, el endeudamiento de las familias en relación con la renta disponible ha sido creciente hasta la crisis de 2008. El 90% del
endeudamiento familiar procede de la financiación de inversiones en activos inmobiliarios, es decir, de las hipotecas.
Tal y como explica el informe, el crédito hipotecario es la principal fuente de ganancias de la banca española, que diseña y comercializa los productos a través de
campañas publicitarias y predispone el contenido de las escrituras hipotecarias. Es por ello que la banca debería siempre evaluar la capacidad de endeudamiento del cliente y abstenerse de ofrecer préstamos por encima de la capacidad de reembolso.
Sin embargo, desde hace más de una década las entidades de crédito han otorgado de forma imprudente el crédito hipotecario y han puesto en marcha prácticas que, a juicio de la Institución, han facilitado el sobreendeudamiento de las familias.
Los beneficios de la banca se deben extender también al cliente
Así las cosas, la crisis del sistema ha propiciado que algunas entidades de crédito se hayan beneficiado de unas medidas excepcionales consistentes en ayudas públicas,
que han desbordado las previsiones legales, pero que se admiten como un mal necesario para que no se produzca un colapso. Por ello, el informe apunta que, a fin
de equilibrar el sistema, y para hacerlo más justo, reparando los excesos y restaurando la equidad, la situación actual requiere extender los beneficios que ya recibe la banca, al otro lado de la relación, esto es, al cliente sobreendeudado.
Y es que nos encontramos ante una situación excepcional que merece respuestas excepcionales, aunque sea con carácter temporal, hasta que remonte la
coyuntura económica. Porque, al igual que la inyección de liquidez a las entidades de crédito está justificada en nombre del interés general afectado, también en la crisis de los particulares hipotecados está en juego la confianza en nuestro sistema financiero.
La oficina del Defensor del Pueblo recuerda, además, que la regulación del mercado hipotecario debe respetar el derecho a una vivienda digna y al ejercicio de los
derechos constitucionales vinculados. Por tanto, la protección de estos derechos debe ser tenida en cuenta al interpretar las normas sobre concesión y ejecución de las
hipotecas.
De esta forma, una de las principales conclusiones de este informe es la necesidad de reforzar la protección al hipotecado para evitar que se vuelvan a repetir situaciones como la actual y para que se atenúen los efectos más nocivos que se están dando en la actualidad. Para ello, se ofrecen en las Recomendaciones dos tipos de medidas: preventivas, a través de, por ejemplo, la información precontractual, o curativas, entre las que destacan las tienen carácter concursal.
En cualquier caso, la Institución es consciente de que toda solución requiere el compromiso y la aceptación de los operadores del sector financiero. Por ello, recomienda un acuerdo político asumido por el sector bancario, como la Asociación Española de Bancos (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) que incluya en los casos necesarios, entre otras medidas, una moratoria en el pago de las hipotecas y la flexibilización de las cuotas, así como la posibilidad de establecer un sistema de pago con carencia de amortización del capital que haga la cuota asumible. Se trataría de una reestructuración de la deuda que generaría más negocio para la banca, pues podría cobrar más y durante más tiempo.
Además, existen precedentes en los que ante situaciones menos graves se ha alcanzado un acuerdo político asumido por la industria bancaria con buenos resultados, como las tasas de intercambio fijadas unilateralmente por las redes de tarjetas que eran desproporcionadas.
A nadie beneficia y a todos perjudica mantener en la marginación y en la exclusión social y financiera a familias enteras que nunca podrán pagar sus deudas pendientes.
Asimismo, el informe señala otro grupo de posibles soluciones que podrían acompañar a la moratoria, que pasarían por la supresión de tasas, costas, moderación
de cláusulas penales, o la paralización del devengo de intereses durante el proceso, que coadyuven a superar las dificultades para atender los créditos pendientes de
pago. Del mismo modo, se podría permitir el pago del capital antes que los intereses, lo que conllevaría la reducción de la deuda que genera obligaciones accesorias.
Dación en pago
Por otra parte, el informe aborda también el problema que existe hoy para aceptar la dación en pago en las hipotecas y quedar liberado de la deuda, que radica en que los bienes dados en garantía de los préstamos hipotecarios no cuentan con el valor suficiente para cubrir el importe de la deuda garantizada, debido a la caída del mercado y la pérdida de valor de los inmuebles.
No obstante, y del mismo modo que cuando el mercado inmobiliario estaba al alza se reguló la hipoteca inversa, por la que las personas mayores de 65 años cedían
su vivienda a los bancos a cambio de una renta o de una indemnización, no debería de haber problema para buscar hoy soluciones para quienes se encuentran sin
recursos y no pueden hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias y, aunque pierdan su vivienda, van a seguir debiendo dinero al banco.
En esta línea, la oficina del Defensor del Pueblo considera que tanto la vivienda habitual como el local de negocio deberían recibir una protección extraordinaria en una
ejecución hipotecaria, llegando incluso los casos más extremos a la dación en pago, o buscando soluciones que permitan la continuidad en la vivienda o en el local a través de otras figuras jurídicas que existen en nuestro ordenamiento como el arrendamiento forzoso. Y es que su pérdida multiplica el riesgo de pobreza debido al desempleo y a la escasa probabilidad de recuperar la capacidad productiva, así como la de convertirse en una rémora para el resto de la sociedad, convirtiendo individuos
capaces de generar riqueza en otros necesitados de prestaciones sociales solidarias.
Insolvencia personal y familiar
La actual legislación concursal no es adecuada para la tramitación de la insolvencia de los particulares, sino que está pensada para las empresas, de modo que se satisfaga a los acreedores y a la vez se produzca una continuidad de la empresa en el mercado. Por ello, el informe reclama que se regule un procedimiento específico para la insolvencia de las personas físicas, ya sea procesal o extraprocesal.
Las familias deberían tener la posibilidad de quedar liberadas de sus deudas tras el concurso, al igual que sucede con las empresas. Se trata por tanto, de que se creen
mecanismos que faciliten un acuerdo entre las partes: el objetivo es que el ciudadano sea escuchado, que los acreedores se sienten a negociar, y se evite así la condena a la pobreza e incluso a la exclusión social de miles de cientos de personas.
Mayor implicación del Banco de España
Por último, la experiencia de la Institución, basada en las quejas que recibe de los ciudadanos, pone en evidencia que el Servicio de Reclamaciones del Banco de
España centra sus actuaciones en la supervisión de los mercados financieros y deja en un segundo plano la protección al consumidor, pronunciándose rara vez sobre el
fondo de las reclamaciones que los ciudadanos plantean, ya que con carácter general considera ajenas a sus competencias las cuestiones que no estén relacionadas con la solvencia de las entidades de crédito. Esta es la línea que mantuvieron los responsables de dicha entidad en una reunión celebrada en esta Institución.
Por el contrario, el Defensor del Pueblo considera necesario que el Banco de España, en su condición de regulador del mercado bancario y como arbitro de las relaciones banca-cliente, se implique más en la protección de los consumidores. Para ello es necesario reforzar la independencia del Servicio de Reclamaciones de este organismo frente a las entidades de crédito y que éste ejerza una verdadera labor mediadora, a fin de evitar, incluso, procesos judiciales.
El informe completo y todas las recomendaciones formuladas se puede consultar en:
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